El diputado nacional por el Frente para la Victoria (FpV) y
ex ministro de Planificación Federal kirchnerista, Julio De Vido, deberá
prestar declaración indagatoria el próximo 23 de junio a raíz de un
presunto multimillonario perjuicio causado al Estado a raíz de subsidios
al gas oil para el transporte público otorgados durante su gestión,
informaron hoy fuentes judiciales.
Así lo dispuso el juez federal Claudio Bonadio, quien, en el marco del sumario penal que acumula varias denuncias, también citó a indagatoria a los ex secretarios de Transporte de la Nación Ricardo Jaime (detenido en la causa que investiga la compra de material ferroviario a España y Portugal que resultó inservible), Juan Pablo Schiavi y Alejandro Ramos. Por los mismos hechos, el magistrado citó a declarar como imputados a los ex titulares de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)Roque Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro.
Así lo dispuso el juez federal Claudio Bonadio, quien, en el marco del sumario penal que acumula varias denuncias, también citó a indagatoria a los ex secretarios de Transporte de la Nación Ricardo Jaime (detenido en la causa que investiga la compra de material ferroviario a España y Portugal que resultó inservible), Juan Pablo Schiavi y Alejandro Ramos. Por los mismos hechos, el magistrado citó a declarar como imputados a los ex titulares de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)Roque Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro.
Las indagatorias comenzarán dentro de
dos semanas y concluirán con la de la fecha prevista para que De Vido
ejerza su derecho de defensa. En la causa se investigan presuntos
ilícitos cometidos entre 2005 y 2012, cuando el Estado Nacional, a
través de la CNRT, subsidió el gasoil para colectivos contra la entrega
de una declaración jurada por parte de las empresas, en las que éstas
consignaban cuántas unidades disponían para la prestación del servicio y
la cantidad de pasajeros transportados. Los subsidios siguieron hasta
que, luego del choque del tren en la terminal Once, el 22 de febrero de
2012, que causó la muerte a 51 personas y a una por nacer, el área de
Transporte pasó al entonces Ministerio del Interiorque conducía
Florencio Randazzo.
El sistema de tarjetas SUBE
sirvió para brindar datos concretos sobre el número de pasajeros
transportados por las empresas que recibían subsidios, lo que junto con
otros elementos de prueba del sumario penal –como un informe de la
Auditoría General de la Nación (AGN)- llevó a llamar a indagatoria a
imputados. Al referirse al “sistema de control para el proceso de
liquidación y asignación de beneficios”, la AGN entendió que existieron
"deficiencias y debilidades”.
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