Desde junio, el Gobierno empezó a dar de baja pensiones por discapacidad

El Gobierno está dando de baja pensiones a personas con discapacidad. A partir de este mes, y sin previo aviso, el Ministerio de Desarrollo Social decidió aplicar un olvidado decreto de 1997 que establece más exigencias y condiciones que deben reunir quienes buscan acceder a una pensión.

- Se quitó la ayuda social a beneficiarios cuyos cónyuges perciban una pensión o jubilación, incluida si es la mínima.

- También sufrieron la baja de sus pensiones personas con dificultades para manejarse de manera independiente en caso de que cuenten con un tutor que perciba ingresos equivalentes a tres salarios mínimos, es decir, cuyo familiar tenga un ingreso formal de $ 21.000.

El ministerio que comanda Carolina Stanley reflotó el decreto 432 que dictaminó Carlos Menem en 1997 para sacar las pensiones graciables a las personas con ‘invalidez’.
¿Por dónde pasará la tijera del ajuste?

“Es un agrave error lo que están haciendo, invocan a esa resolución que establece una ayuda asistencial solo en casos de “extrema indigencia”, lo que se contradice con tratados internacionales, leyes nacionales y sobre todo con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que desde 2014 en Argentina tiene jerarquía constitucional, y reconoce que las personas con discapacidad son sujetos de derechos y no objetos de asistencialismo”, Gabriela Troiano, vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad y diputada nacional por el partido Socialista, que presentará una demanda en la Defensoría del Pueblo.

En el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación confirmaron  que están revisando todas las pensiones. Entrecruzan datos y automáticamente dan de baja muchas de ellas. No quisieron revelar cuantas. “Estamos ajustándonos a la ley”, dijo  la vocera de Stanley, Emilia Frigerio. ¿Por qué si la ministra asumió hace un año y medio recién ahora decide aplicar la ley?, preguntó Clarín a la portavoz. “Eso no lo voy a contestar”, respondió.

Otras fuentes oficiales confirmaron que la decisión de eliminar pensiones reflotando un viejo decreto está vinculado con el pedido de Mauricio Macri de achicar el gasto para cumplir la meta de 4,2% de déficit fiscal. “La mitad de lo que recauda el Estado se lo lleva la Anses, así no hay plan de reducción de déficit que sea viable”, señalan en el Ministerio de Hacienda. “Este tema es sensible de tratar antes de las elecciones, pero la revisión de todo el universo de pensiones se discutirá también en el consejo del Salario el 27 de junio”, dijo una fuente de la cartera laboral.

La pensión de discapacidad mínima es $ 4.400 pero la mayoría cobra $ 7.000. Hace un año había otorgadas 1.056.504 pensiones por “invalidez”, como las denomina el Gobierno Nacional.

Alguno de los criterios que se usaron para retirar pensiones no contributiva fue que el beneficiario posea bienes, por ejemplo, un auto, siendo este bien una necesidad para muchos que no pueden movilizarse en transporte público. “Los que con dificultad tienen un techo para vivir también se quedaron sin pensión”, agrega Troiano, quien considera objetable legalmente que el ministerio omitiera realizar estudios socio ambientales a los pensionados. “Hace 15 años mi hija con síndrome de down cobraba una pensión por discapacidad pero se la quitaron porque mi sueldo excede los tres salarios mínimos”, se queja Roberto. Actualmente el salario mínimo vital y móvil se encuentra en $ 8.060. Quejas como las de Roberto, que pide preservar su identidad, se multiplican por estas horas en las redes sociales.

También se repiten los casos de matrimonios en los que uno de sus miembros perdió este mes su pensión por discapacidad porque su pareja percibía una jubilación mínima, incluso en los casos en los que entre ambos no llegan a cubrir la canasta básica.