Es una propuesta que, cada tanto, reaparece a lo largo y ancho del
país. Con el objetivo de terminar con el doble discurso de la dirigencia
política, que se manifiesta preocupada por la educación
pública (cuando, año a año, su desempeño no logra repuntar), la
legisladora Edith Garro, del Frente para la Victoria de
Bariloche, propuso un proyecto de ley que obliga a los hijos del
gabinete provincial, entre ellos el gobernador, y de los jueces a que
asistan las escuelas de gestión estatal.
"Estoy convencida de que la mejor manera de poner el ojo más crítico,
acompañar, reforzar y pedir que funcione bien la escuela pública es a
través de la pertenencia, tener los hijos en escuela pública y estar más atentos al funcionamiento", explicó Garro en diálogo con la radio Cadena 3.
En ese sentido, la legisladora convocó a que "los funcionarios debemos predicar con el ejemplo". "Fui a la escuela pública toda mi formación, y mis hijos van a la escuela pública",
manifestó, y agregó que su propuesta colabora con la meta instituir
"una escuela pública de calidad" que "da oportunidades a todos para
formarse como seres humanos".
El proyecto de ley señala que una vez al año, antes del 30 de abril,
los funcionarios deberán presentar una declaración jurada en la que
conste los datos de sus hijos a cargo y el detalle respecto del
establecimiento educativo al que concurren.
Según la iniciativa, si no se presentan los datos a término o se
falsean, el implicado recibirá las sanciones previstas por el artículo
248 del Código Penal, que establece una prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.
"Seguramente, algunos podrán decir que es antidemocrático o anticonstitucional
para que no prospere. No estoy en contra de los establecimientos
privados, pero la educación pública debe mejorar para que todos tengamos
las mismas posibilidades de crecer y estudiar", finalizó Garro.
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