La Asociación de Abogados #Laboralistas rechazó el #decreto
que reformó la Ley de Riesgos de Trabajo (LRT) y sostuvo que se propone
restringir el acceso a la Justicia de los trabajadores que resultan
víctimas de los siniestros laborales.
Según los abogados, la medida no sólo elude el necesario debate parlamentario (un camino que ya estaba iniciado), sino que destruye derechos fundamentales de los trabajadores e impone un régimen cuyo único objetivo es garantizar la rentabilidad empresaria.
“Para eliminar la llamada “litigiosidad” el camino correcto sería
suprimir sus verdaderas causas: el rechazo sistemático de la inmensa
mayoría de las enfermedades de origen laboral (del total de siniestros
que ingresan al sistema, sólo el 3% son enfermedades profesionales); la
injustificada negativa de las ART a cubrir las reagravaciones; las altas
médicas apresuradas; las deplorables prestaciones en especie; el
permanente maltrato de los prestadores de las ART; las reparaciones
miserables de los daños sufridos, hecho acreditado por las sucesivas
correcciones realizadas por los diferentes gobiernos en veinte años
(decretos 1278/00 y 1694/99, ley 26.773, y este proyecto); la morosidad
en el trámite administrativo ante las ART y ante las Comisiones Médicas;
etc. Y fundamentalmente, la ausencia de prevención y seguridad
laboral”, fundamentó AAL a través de un documento.
La AAL cuestionó, entre otros puntos, la obligatoriedad que establece la norma de realizar un reclamo ante las Comisiones Médicas, históricamente asociadas a los intereses de las ART, antes de poder acceder a la Justicia. “Para atacar la litigiosidad, lamentablemente el PEN opta por un camino: dificultar y dilatar al extremo el acceso de las víctimas a la Justicia, obligándolas a transitar por un kafkiano procedimiento médico-administrativo”.
Asimismo, la asociación rechazó el carácter inconsulto de la reforma y la vía en que se instrumentó, un decreto (54/2007) en el medio del receso parlamentario. “Se trata de una decisión arbitraria y absurda, siendo que no surge de ningún modo la necesidad y urgencia invocada. Con el argumento apelado no habría norma alguna que resista un trámite parlamentario. El decreto se halla teñido de una grave inconstitucionalidad de origen”, reza el comunicado.
Según los abogados, la medida no sólo elude el necesario debate parlamentario (un camino que ya estaba iniciado), sino que destruye derechos fundamentales de los trabajadores e impone un régimen cuyo único objetivo es garantizar la rentabilidad empresaria.
“Para eliminar la llamada “litigiosidad” el camino correcto sería
suprimir sus verdaderas causas: el rechazo sistemático de la inmensa
mayoría de las enfermedades de origen laboral (del total de siniestros
que ingresan al sistema, sólo el 3% son enfermedades profesionales); la
injustificada negativa de las ART a cubrir las reagravaciones; las altas
médicas apresuradas; las deplorables prestaciones en especie; el
permanente maltrato de los prestadores de las ART; las reparaciones
miserables de los daños sufridos, hecho acreditado por las sucesivas
correcciones realizadas por los diferentes gobiernos en veinte años
(decretos 1278/00 y 1694/99, ley 26.773, y este proyecto); la morosidad
en el trámite administrativo ante las ART y ante las Comisiones Médicas;
etc. Y fundamentalmente, la ausencia de prevención y seguridad
laboral”, fundamentó AAL a través de un documento.La AAL cuestionó, entre otros puntos, la obligatoriedad que establece la norma de realizar un reclamo ante las Comisiones Médicas, históricamente asociadas a los intereses de las ART, antes de poder acceder a la Justicia. “Para atacar la litigiosidad, lamentablemente el PEN opta por un camino: dificultar y dilatar al extremo el acceso de las víctimas a la Justicia, obligándolas a transitar por un kafkiano procedimiento médico-administrativo”.
Asimismo, la asociación rechazó el carácter inconsulto de la reforma y la vía en que se instrumentó, un decreto (54/2007) en el medio del receso parlamentario. “Se trata de una decisión arbitraria y absurda, siendo que no surge de ningún modo la necesidad y urgencia invocada. Con el argumento apelado no habría norma alguna que resista un trámite parlamentario. El decreto se halla teñido de una grave inconstitucionalidad de origen”, reza el comunicado.
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