Vandalismo. Una postal de los obstáculos en la vía para impedir que pase el tren turístico por ese lugar.
La
Cámara Federal de Comodoro Rivadavia consideró probado que Nicolás
Hernández Huala, Ricardo Antigual y Ariel Garzi colocaron obstáculos en
la vía para que el tren no pase. Y que agredieron a los gendarmes
durante un recordado operativo de desalojo. Se investigará si hubo
represión ilegal.
La Cámara Federal de Apelaciones de
Comodoro Rivadavia confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de
Nicolás Daniel Hernández Huala, Ricardo Darío Antigual y Ariel Mariotto
Garzi, los activistas mapuches imputados de impedir el normal
funcionamiento del Viejo Expreso Patagónico La Trochita, además de
resistencia a la autoridad, lesiones leves y daño agravado.
Así, el tribunal respaldó el fallo que
ya había dictado el juez federal de Esquel, Guido Otranto, que imputó al
trío impedir el normal funcionamiento del transporte por tierra.
La causa se inició con la denuncia de
Bruno Peláez, gerente de La Trochita. El miércoles 24 de febrero de
2016, en el cruce de tierra a la altura de Leleque, dialogó con personas
que reclamaban por la ocupación de tierras, quienes le advirtieron que
el tren no pasaría por ese tramo de vías, cortado por su reclamo. Esto
impedía los viajes y el mantenimiento de la vía para llevar las máquinas
a reparar a El Maitén. Un decreto de 1999 declaró al ramal Monumento
Histórico Nacional.
Peláez declaró que conversó con dos
hombres de rostros cubiertos. Les explicó la necesidad de inspeccionar
las vías y de realizar los viajes habituales con turistas y traslado de
maquinarias, así como del perjuicio que se ocasionaba a la comunidad
Nahuelpan, ya que tenían una relación directa con el ferrocarril.
Pero los sujetos ratificaron el corte de
vías basado en la necesidad de “recuperar el territorio que les
pertenecía y que le fuera sacado a sus antepasados, y que esta
problemática era anterior a la llegada del ferrocarril”.
Le dijeron a Peláez que el rol del tren
era “netamente turístico, para personas que podían abonar los viajes,
preguntándole dónde iba el dinero que recaudaban del traslado de los
`gringos´”. La charla fue pacífica y los sujetos mostraban un importante
conocimiento del conflicto.
El gerente puntualizó que el servicio
hasta Nahuelpan es turístico. Desde allí hasta El Maitén, a la altura de
la comunidad, cerca de Leleque, no se podía circular y no podían
constatar el estado de las vías ya que están dentro de campos privados.
Para marzo de 2016 se había programado
una inspección para trasladar el material rodante que ingresaría a
talleres de reparación y para traer maquinaria en mejor estado.
El juez Otranto convocó a una instancia
de resolución alternativa de conflictos para intentar un acuerdo entre
las autoridades de La Trochita y al Lof en Resistencia del Departamento
Cushamen en torno a la circulación del servicio ferroviario en el sector
Vuelta del Río. En diciembre se dio por fracasado y el tren siguió
obstaculizado.
El 22 de diciembre, el juez ordenó el
allanamiento del sector de la Estancia Leleque de la Compañía de Tierras
Sud Argentina SA, ocupado por Resistencia Ancestral Mapuche.
El objetivo del procedimiento fue
remover y secuestrar los obstáculos colocados sobre las vías;
identificar a los ocupantes y notificarlos de la imputación en su
contra.
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