Fue en un trámite exprés, tras la media sanción de Diputados. Los legisladores de todos los bloques cuestionaron con dureza el fallo de la Corte en el caso Muiña
Por unanimidad y en un trámite
expeditivo que constituyó una señal política fuerte, el Senado convirtió
en ley ayer la restricción de la aplicación del beneficio del dos por
uno a los represores de la última dictadura militar que Diputados había
aprobado horas antes. La decisión del Congreso terminó así de plasmarse
en la previa de la multitudinaria marcha a la Plaza de Mayo para
repudiar el fallo de la Corte Suprema que hace una semana habilitó la
aplicación de ese beneficio para el represor Luis Muiña.
La mayoría de los discursos se centraron
en criticar el fallo de la Corte. El oficialista Ernesto Martínez,
senador por Córdoba, aseguró que “los jueces supremos no entendieron la
historia y su decurso” y les reclamó que “respeten la ley que está en
vigencia” en referencia a la Ley 27.156 sancionada en 2015. Esa norma
estableció que las condenas en casos de lesa humanidad “no pueden ser
objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena”.
En la misma línea habló el radical Julio
Cobos. “Muchos teníamos dudas de si hacía falta una ley, porque estaba
muy claro. Fue un fallo inoportuno. Que no se debió realizar”, señaló.
Además, el mendocino cuestionó que un fallo tan importante no haya
salido con unanimidad del máximo tribunal; algo en lo que también se
enfocó el jefe del bloque mayoritario, Miguel Pichetto. “¿Por qué no se
buscó un criterio de mayorías más intensas?”, reclamó.
Pichetto cargó especialmente contra la
jueza Elena Highton. “No sabemos por qué ha modificado su postura sobre
este tema. Cada uno deberá rendir cuentas ante la historia”, advirtió.
Cuestionados por sectores de su mismo
espacio, muchos senadores del PJ-Frente para la Victoria se sintieron
obligados a explicar su apoyo a las designaciones de los jueces
supremos. “Era totalmente irracional no votarlos”, sostuvo Pichetto,
quien enfatizó que varios integrantes de su bloque le hicieron preguntas
específicas a Rosenkrantz sobre temas de derechos humanos en la
audiencia pública en la que el juez defendió su postulación.
“Hemos votado a conciencia. Le hemos
preguntado y hubo respuestas en una línea que entendemos era la
correcta. Si la respuesta hubiera sido otra, seguramente que el
resultado de la votación también hubiera sido otro”, aseguró. A su lado,
Juan Manuel Abal Medina asentía con la cabeza. A ellos dos se había
referido horas antes el diputado Juan Cabandié, cuando en diálogo con
radio Led señaló que la marcha en contra del fallo “también es un
mensaje para Abal Medina y Pichetto que votaron la inclusión de estos
jueces”.
El presidente provisional del Senado,
Federico Pinedo, quien originó el debate legislativo días atrás, reclamó
que la Justicia aplique ahora esta ley. El jefe del interbloque
Cambiemos, Ángel Rozas, completó: “Aspiro a que con esta decisión
política ojalá la Corte dicte un fallo rector y final sobre la
consagración definitiva de los derechos humanos y que no puede aplicarse
ninguna pena menor o beneficio alguno a los que han cometido delitos de
lesa humanidad. Me gustaría que sea por unanimidad”.
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