El Centro de Estudio de la Regulación Económica de los Servicios Públicos (CERES), de la Universidad de Belgrano,
cuestionó la política de precios de la energía del gobierno, al
considerarla errática, costosa e ineficiente, de acuerdo con las
palabras de su director, Alejandro Einstoss.
De hecho, el incentivo a la producción de gas implicó transferencias del Tesoro a las empresas por $ 43.073 millones solo en 2016.
“La tendencia se consolidó en el primer trimestre de 2017, transformando al Plan Gas en el ítem con mayor peso de las transferencias energéticas corrientes: 53%”, continúa.
“Con relación a las inversiones, las estadísticas del Ministerio de Energía y Minería indican que en 2016 se redujeron tantos los pozos de exploración (-39%), como los de desarrollo (-9%), respecto de 2012”, advierte el director del CERES de la UB.
“En un contexto internacional de energía ‘barata’, nuestro país mantiene una política de precios internos artificialmente altos tanto para el petróleo crudo como para el gas natural, como consecuencia de la aplicación de incentivos a la producción por el Plan Gas y Barril Criollo, mecanismos heredados de la administración anterior y que, luego de 18 meses, la actual administración mantiene sin modificaciones”, observa el especialista.
“Con relación a los subsidios e incentivos a la producción de petróleo, el Barril Criollo, consiste en garantizarles a los productores locales un precio superior al internacional hasta 2018. La aplicación del precio sostén al petróleo representó transferencias de los consumidores a las empresas productoras de petróleo por aproximadamente US$ 6.500 millones en 2015 y 2016”, sostiene.
“Como resultado, en 2016, la producción de petróleo fue 5% inferior a la del 2013, y la tendencia se mantiene para el 1er. trimestre de 2017 con una caída interanual del 7%. Este escenario nos pone a las puertas de comenzar importar cantidades crecientes de petróleo crudo para cubrir la demanda local. Incentivos discrecionales de precios por sí solos no parecen suficientes para incentivar la inversión, si no se acompañan del diseño de una política pública y de planificación energética en el marco de acuerdos amplios. Alinear los precios internos a los internacionales y terminar con el Barril Criollo y el Plan Gas podría ser un primer paso”, completa Einstoss.
De hecho, el incentivo a la producción de gas implicó transferencias del Tesoro a las empresas por $ 43.073 millones solo en 2016.
“La tendencia se consolidó en el primer trimestre de 2017, transformando al Plan Gas en el ítem con mayor peso de las transferencias energéticas corrientes: 53%”, continúa.
“Con relación a las inversiones, las estadísticas del Ministerio de Energía y Minería indican que en 2016 se redujeron tantos los pozos de exploración (-39%), como los de desarrollo (-9%), respecto de 2012”, advierte el director del CERES de la UB.
“En un contexto internacional de energía ‘barata’, nuestro país mantiene una política de precios internos artificialmente altos tanto para el petróleo crudo como para el gas natural, como consecuencia de la aplicación de incentivos a la producción por el Plan Gas y Barril Criollo, mecanismos heredados de la administración anterior y que, luego de 18 meses, la actual administración mantiene sin modificaciones”, observa el especialista.
“Desde su implementación en 2013, el Plan Gas
implicó transferencias corrientes del Tesoro Nacional por $72.500
millones, de los cuales $43.073 millones correspondieron a 2016, con un
crecimiento interanual del 262%. La tendencia se consolidó en el primer
trimestre de 2017, transformando al Plan Gas en el ítem con mayor peso
de las transferencias energéticas corrientes: 53%”, continúa.
“Desde 2013, las inversiones se concentraron en la producción de recursos no convencionales.
En el período, representaron US$ 11.190 millones, mientras que los
subsidios del Plan Gas ascendieron a $6.726 millones, el 60% del monto
invertido. En particular durante 2016, se subsidió la producción
de gas en un monto equivalente a toda la inversión anual realizada en
la producción de hidrocarburos, incluida Vaca Muerta, por un monto de US$ 2.900 millones”, ilustra.“Con relación a los subsidios e incentivos a la producción de petróleo, el Barril Criollo, consiste en garantizarles a los productores locales un precio superior al internacional hasta 2018. La aplicación del precio sostén al petróleo representó transferencias de los consumidores a las empresas productoras de petróleo por aproximadamente US$ 6.500 millones en 2015 y 2016”, sostiene.
“Como resultado, en 2016, la producción de petróleo fue 5% inferior a la del 2013, y la tendencia se mantiene para el 1er. trimestre de 2017 con una caída interanual del 7%. Este escenario nos pone a las puertas de comenzar importar cantidades crecientes de petróleo crudo para cubrir la demanda local. Incentivos discrecionales de precios por sí solos no parecen suficientes para incentivar la inversión, si no se acompañan del diseño de una política pública y de planificación energética en el marco de acuerdos amplios. Alinear los precios internos a los internacionales y terminar con el Barril Criollo y el Plan Gas podría ser un primer paso”, completa Einstoss.
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