El
Gobierno creó un equipo de trabajo para controlar desvíos y
distorsiones en el contrato del soterramiento de la línea Sarmiento.
Lo hizo por pedido de la Procuración del Tesoro, que analiza contratos
que Odebrecht tiene en la Argentina para cuantificar el perjuicio al
Estado por supuestos sobreprecios e irregularidades.
La decisión de la administración nacional está plasmada en la
Resolución 413/2017, que fue publicada este viernes en el Boletín
Oficial con la firma del ministro de Transporte Guillermo Dietrich.
El equipo, que estará integrado por representantes de las áreas
técnicas del Ministerio y contará con la asistencia de funcionarios de
la Procuración del Tesoro y la Sindicatura General, deberá "verificar
la correcta aplicación de la normativa vigente al momento del
procedimiento de selección, celebración del contrato y sus respectivas
modificaciones y, en su caso, determinar los posibles desvíos que se
detecten".
Además, tendrá que revisar "la existencia de distorsiones en el precio de la obra y, en su caso, valoración de los posibles perjuicios fiscales".
Por último, le corresponde a la unidad informar a la cartera de Transporte "el
detalle de los avances en el plan de trabajo y un reporte final en el
que se exponga el resultado del relevamiento y revisión del contrato".
El equipo de trabajo estará integrado por representantes de la
Secretaría de Obras de Transporte, la Subsecretaría de Transporte
Ferroviario, la Unidad Ejecutora de la obra, la Administración de
Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado y la Unidad de
Auditoría Interna del Ministerio de Transporte. También habrá dos
representantes de la Procuración del Tesoro y SIGEN.
La norma aclara que el equipo de trabajo "podrá requerir la
colaboración de todas las entidades del sector público, a fin de obtener
los datos, documentos, antecedentes e informes relacionados" con la
obra.
En
diciembre pasado Odebrecht reconoció que entre 2007 y 2014 pagó más de
35 millones de dólares en la Argentina para ganar contratos de obra
pública. Ayer se conoció que la constructora resolvió desprenderse
de su participación en el consorcio que tiene asignado el soterramiento.
Si la operación tiene el aval del Ministerio de Transporte, le venderá
el 33% a italiana Ghella, que pasará a tener el 70%.
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